Bajo un contexto de crisis financiera, producto de la pandemia por Covid-19, la reforma al Sistema de Pensiones supone un nuevo desafío para los empleadores, debido a que las contribuciones obrero patronal registrarán un incremento del 5.15 al 13.875% (a partir de enero de 2023), con lo cual se impactará la posibilidad de impulsar la contratación de manera formal, señaló Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal.
“En la actualidad la carga social, lo que representa pago de prestaciones, Impuesto sobre Nómina, Infonavit y Seguro Social es aproximadamente de 35 centavos por cada peso pagado al trabajador. Con la reforma propuesta, esta cifra cambia a 44 centavos, lo que representa un 25% en la carga social”, advirtió el directivo del CEEF.
El esquema bajo el cual se presenta esta iniciativa impulsa a un debate que no es nuevo, pero vale la pena retomar: ¿por qué los trabajadores no aportan a sus cuentas de retiro cantidades adicionales? Las pensiones, cabe recordar, están determinadas por la cantidad con las que se cuenta en la Afore individual al momento de pensionarse.
Las aportaciones a los fondos para retiro de los trabajadores corresponden al 6.5%, con una división tripartita de 5.15% del empleador, 1.125% del trabajador y 0.225% por parte del gobierno. Con esta repartición, el reto no solo es retirarse con un buen sueldo, sino que el empleado pueda echar mano del ahorro voluntario. Sin embargo, la propuesta impulsada por el gobierno y organismos empresariales, no apunta a incentivar ese ahorro.
En el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF) la propuesta es considerar un incremento en la aportación de los trabajadores del 1.125% a 6.125%, lo que es similar a la aportación que hacen los trabajadores afiliados a los sistemas de pensiones del ISSSTE. Y a ello sumar una mayor aportación por parte de los trabajadores.
En una economía donde los bajos ingresos salariales hacen imposible ahorrar y aportar una parte al retiro, esto parece difícil. Pero las consecuencias a largo plazo de no fomentar con iniciativas tripartitas, el ahorro voluntario traería consecuencias lamentables: la tasa de reemplazo de los mexicanos (porcentaje que representa la jubilación respecto al último salario del empleado), será bajo el panorama actual, si acaso, de aproximadamente 30% de su sueldo.
“De no haber un cambio al llegar la edad de jubilación, los mexicanos perderán su —ya de por sí, deteriorada en muchos casos— calidad de vida. La capacidad de gasto disminuirá considerablemente si consideramos que en esta etapa de la vida se tienen los mayoresgastos en medicamentos y atención médica”, alertó Leñero.
Para revertir esta tendencia, es necesario impulsar las aportaciones voluntarias al fondo de ahorro para el retiro. Quienes tienen que actuar, casi con calidad de urgencia, son aquellas generaciones que están más próximas a jubilarse bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1997, que dejó en manos de las Afore las pensiones de los empleados del sector privado.